Tal y como esperaban los sindicatos y algunas asociaciones de profesionales, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, ha llevado ante el Consejo de Ministros su anteproyecto de mofidicación de la Ley 14/2011, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación sin contar con ellos. El Gobierno se escuda en recomendaciones de la Comisión Europea y en su intención de iniciar a partir de ahora la conversación con los principales actores afectados por esta nueva normativa, pero distintas agrupaciones de investigadores ya han anunciado movilizaciones que comenzarán en los próximos días para manifestar su rechazo ante la propuesta de Duque.
Una de las principales quejas es la introducción de la figura del ‘tenure-track’ en la carrera investigadora. Se trata de una fórmula habitual en países anglosajones (sobre todo en Estados Unidos y Canadá) con el que el Gobierno afirma que pretende crear una carrera investigadora «más atractiva y estable», en el que los doctores pueden acceder a un contrato indefinido tras una evaluación «objetiva y dedicada a premiar el talento y la dedicación real de los científicos», ha explicado Duque en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. Según el titular de Ciencia, este sistema podría llegar a adelantar «en cuatro o cinco años» el momento en el que los científicos estabilizan su carrera investigadora -una situación que en la actualidad, tal y como ha reconocido el ministro, «se suele dar en torno a los cuarenta años»-.
Sin embargo, los investigadores critican que tal y como está redactado el borrador de la ley, la precariedad no hará sino aumentar, ya que para conseguir la plaza fija se deberán pasar dos exámenes, uno de la institución en la que ha trabajado y otro de un organismo independiente, con posibilidad de suspender y no llegar a lograrlo a pesar de que detrás se hayan encadenado varios años de contratos que ya de por sí son muy complicados de obtener. Además, sindicatos y agrupaciones señalan que en este nuevo tipo de figura no se reconocen derechos como la antigüedad (quinquenios y sexenios) y que la ley no atiende a otras demandas del sector, como el reconocimiento de la indemnización
de los investigadores predoctorales tras el fin de contrato o la aún más precaria situación del cuerpo técnico universitario, los responsables de los laboratorios.
Próximas movilizaciones
«El Ministerio de Ciencia e Innovación pretende imponer una modificación de la ley de Ciencia sin negociación ni discusión con los actores, profundizando aún más el abismo entre personal de investigación y derechos laborales. Una nueva vuelta de tuerca que agrava la situación de estado de excepción laboral en el sector de la investigación», señalan desde CC.OO. Desde Federación de Jóvenes Investigadoras (FJI/Precarios) afirman por su parte: «Es decepcionante que no hayan contado con nosotros desde el principio, sobre todo habiendo ofrecido ideas y datos a través de informes que pueden haber servido al gobierno para darnos lo que queremos y necesitamos».
Asimismo, la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE) ha explicado a ABC que está elaborando un informe con sus propuestas para la nueva normativa. «Debido a la trascendencia de los temas que aborda la ley de la Ciencia es necesario un estudio de posicionamiento realizado por expertos para que el nuevo texto se adapte a las exigencias actuales», indican.
De momento, ya hay convocada una ‘movilización online’ para este mismo miércoles por parte de la Coordinadora Marea Roja (que engloba colectivos, organizaciones y sindicatos de invstigadores) y los sindicatos ya avanzan nuevas acciones en contra del anteproyecto, desde el Ministerio de Ciencia señalan que es a partir de ahora cuando el Gobierno «inicia un proceso de diálogo» en el que se reunirán con todos los actores afectados. «Después de que se deabta se llevará de nuevo al Consejo de Ministros para ser aprobado y llevado al Parlamento», ha explicado Duque.
Otros acuerdos del Consejo de Ministros en materia de Ciencia
El Gobierno también ha dado luz verde al Real Decreto por el que se integran tres organismos públicos de investigación (OPIs) en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC): el Instituto Español de Oceanografía (IEO), el Instituto Nacional de Investigación Agraria y Alimentaria (INIA) y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME). «Esta reforma busca mejorar la gestión y las capacidades científicas y de asesoramiento de los OPIs», afirman desde el Ejecutivo.