La Luna, ¿el nuevo salvaje Oeste?

By 30/10/2020 Portal

Lo que conocemos como la conquista del salvaje Oeste, convertida en un mito gracias a los famosos wésterns de mediados del siglo XX, fue en realidad una gran migración humana motivada por la necesidad, en la que los pioneros se enfrentaron a innumerables peligros desconocidos y recorrieron unas distancias casi imposibles para la época con el fin de aprovecharse de una tierra prometida. Alrededor de 200 años después, la Luna y otros cuerpos planetarios pueden convertirse en el destino de una nueva epopeya en busca de recursos. No hay praderas infinitas ni fértiles campos de cultivo, pero sí agua helada en la superficie de sus polos, y mucha, según ha confirmado la NASA esta misma semana, recursos minerales o helio-3, un isótopo ligero que se podría utilizar como fuente de energía de fusión. Además, nuestro satélite resultaría un laboratorio inigualable y la puerta de entrada a Marte y otros mundos. Pero si en el antiguo Oeste quien llegaba con su carromato se quedaba con la parcela (al menos, esa es la leyenda), en la Luna las cosas no están tan claras. ¿A quién pertenece? ¿Quién puede explotarla? ¿Cómo se sancionan las infracciones? Todas esas preguntas se resumen en una: ¿Quién manda ahí arriba?

Si la primera carrera espacial estuvo protagonizada por dos superpotencias rivales -EE.UU. y la antigua Unión Soviética-, ahora son muchos los que quieren su parte del pastel selenita. La agencia espacial estadounidense presume de un ambicioso programa bautizado como Artemis, que incluye la llegada de una mujer en 2024 y una base permanente alrededor de 2030. Su objetivo es precisamente el polo sur lunar, en busca de esa agua que podría sostener a los futuros colonos, dándoles de beber o combustible. China también ha mostrado interés. Ya ha colocado dos vehículos en la Luna, y prevé el retorno de muestras con las misiones Chang’e 5 y 6 y más exploraciones para construir su propia base con Chang’e 7 y 8. Israel, con una iniciativa privada, y la India, con Chandrayaan-2 y la sonda Vikram, fracasaron en sus intentos. Por su parte, la Agencia Espacial Europea (ESA) anunciaba hace tan solo unos días un acuerdo con la NASA para contribuir en la puesta en marcha del primer asentamiento humano en órbita lunar, conocido como Gateway. Además, las empresas Blue Origin, del magnate Jeff Bezos, y SpaceX, del también multimillonario Elon Musk, trabajan en misiones tripuladas. Otras como OrbitBeyond o Astrobotic colaborarán con la NASA en el envío de instrumentos científicos y tecnología.

Todos estos nuevos actores se rigen principalmente por el Tratado del Espacio Exterior (OST, por sus siglas en inglés), que entró en vigor en 1967 y ha sido ratificado por 103 estados. Esta ley internacional dice que los objetos celestes no pueden ser reclamados por ningún país o individuo. Solo podrán desarrollarse actividades pacíficas y los gobiernos de cada estado serán responsables de las actividades de sus compañías. Igualmente, aunque no menciona a los particulares, estos tampoco podrían tener «propiedades» en otros mundos, ya que este derecho es respaldado por los estados. De esta forma, se entiende que el espacio exterior y los cuerpos más allá de nuestro planeta son propiedad conjunta de toda la humanidad. Y si no son de nadie en concreto, tampoco pueden venderse.

El Acuerdo de la Luna de 1979 fue aún más lejos e intentó evitar la explotación comercial de los recursos del espacio exterior, pero solo un pequeño número de estados lo ratificaron. Estados Unidos, China y Rusia se quedaron al margen. En concreto, EE.UU. ha dado muestras inequívocas de querer hacer las cosas a su manera. En 2015, el Congreso estadounidense, con Barack Obama a la cabeza, otorgó a sus empresas el polémico derecho a quedarse con la propiedad de los materiales que obtengan en la Luna o en cualquier otro mundo. Una ley ventajosa y unilateral que ha sido respaldada por el actual presidente, Donald Trump. «Al no ratificar el Acuerdo de la Luna, por considerarlo contrario al sistema de libre empresa y de libre mercado, EE.UU. se aprovechó del vacío legal en la normativa existente, que prohibe expresamente apropiarse de un cuerpo espacial, pero que no dice nada acerca de los recursos minerales, agua, y otros materiales que allí puedan encontrarse», explica Rafael Moro, profesor de Derecho internacional en la Universidad Internacional de Florida (EE.UU.) y miembro de la junta directiva de la Asociación Española de Derecho Aéreo y Espacial (AEDAE).

Para Moro, «actualmente corremos el riesgo de que el primero que llegue se quede con el área que elija, porque rige el sistema de prioridad en el tiempo». Por ejemplo, si EE.UU. se establece en el ventajoso polo sur, «aunque no adquiera la propiedad sobre el terreno, en la práctica la tiene durante años, porque ni la ONU ni nadie puede echarles hasta que ellos mismos decidan abandonar la base e irse». En cuanto a los recursos, «habría que distinguir el uso inmediato para apoyar a las misiones, que aunque no hay normas claras al respecto en el Tratado del Espacio, es más probable que fuera aceptado por los otros estados (por ejemplo, usar el agua para dar de beber a los astronautas), del uso con fines lucrativos en la Tierra (por ejemplo, traer el titanio, las tierras raras o el helio-3 para venderlos). El segundo caso es el que crea una mayor polémica». A su juicio, «sería mejor regular estos usos de una forma clara, mediante alguna nueva norma internacional».

Sin embargo, EE.UU. ha vuelto a sacarse un as de la manga con los Acuerdos de Artemis, que incluyen una declaración explícita de que la extracción de recursos espaciales está en sintonía con el derecho internacional. Esta vez la propuesta ha sido respaldada de forma bilateral por Reino Unido, Italia, Australia, Canadá, Japón, Luxemburgo y Emiratos Árabes Unidos. Todos ellos socios interesados en la minería, la industria o la exploración espacial. Sin embargo, muchos países se han negado a firmarlos al considerar que EE.UU. intenta imponer sus propias reglas y reforzar su posición de liderazgo.

«No hay otro mundo»

España también juega un papel en este campo. Carlos García Sacristán, delegado español en la ESA en el comité de Vuelo Tripulado, Microgravedad y Exploración (PB-HME), donde se desarrollan las misiones a la Luna y Marte, cree que nuestras empresas «están bien posicionadas para poder participar en estas misiones, ya que han desarrollado tecnologías que podrán utilizarse en los próximo años en la extracción de recursos espaciales». Un ejemplo de esto es la publicación, esta misma semana, de ROXY, un proyecto para extraer oxígeno del polvo lunar desarrollado por Airbus con la participación de una empresa de Sevilla. Además, «el aumento del presupuesto español en exploración espacial (de 28 a 80 millones de euros) está orientado a impulsar a nuestro país en este tipo de misiones», señala.

Pero, ¿merece la pena el enorme esfuerzo de llegar hasta la Luna, instalar una base y ponerse a picar minerales? David Barrado, profesor de Investigación Astrofísica en el Centro de Astrobiología INTA-CSIC, es tajante: «No creo que la explotación comercial de la Luna tenga una justificación real», dice. Según explica, «cualquier depósito de mineral estratégico, si está en cantidades ingentes, bajará el precio y su explotación dejará de ser interesante. Y aunque tenga un monopolio, si me cuesta un millón de euros traer un kilo de platino, no es comercialmente viable». Barrado lo compara a la hiperinflación que sufrió España en los siglos XVI y XVII con la llegada del oro y la plata del Nuevo Mundo. «Otra cuestión son los intereses geoestratégicos, que deben estar controlados por la ONU para que se haga con la mejor voluntad», añade.

El investigador recuerda que, en realidad, no estamos en el siglo XIXexplorando las praderas americanas. «Hay que saber por qué vamos, a quién beneficia y la cantidad inmensa de recursos que va a suponer. Esa idea de que hay que salir de la cuna porque no somos niños no me parece muy inteligente», remacha. Y advierte: «Ninguna fracción humana significativa podrá migrar nunca, no existe otro planeta. Así que la solución a los problemas económicos, tecnológicos y de recursos está en la Tierra».

Sin crímenes ni contaminación
Los astronautas de las misiones Apolo dejaron desperdicios, incluida contaminación biológica, en la Luna, pero no se pidieron responsabilidades. Eran un puñado de hombres y primaba la importancia de explorar por primera vez nuestro satélite. Ahora, las leyes internacionales prohiben a los estados contaminar los espacios situados fuera de su jurisdicción. «Esto se aplica, por ejemplo, en la Antártida, donde todos los residuos deben recogerse y llevarse al finalizar las expediciones. Debería ocurrir lo mismo en la Luna», señala Rafael Moro. Ciertos tipos de contaminación grave, como la radioactiva, química o biológica, ya están expresamente prohibidos por el Tratado del Espacio en lugares con potencial para la vida como Marte. «También las empresas privadas deben seguir estas normas, siendo el estado de su nacionalidad el encargado de supervisarlas. Ahora bien, no está claro ante quién respondería un infractor. Posiblemente, ante la ONU», indica.

Una cuestión bien resulta en la legislación espacial es esta: Si alguien cometiera un crimen en la Luna, se aplicaría la ley y serían competentes los tribunales del país de procedencia de la nave o la base lunar donde se haya cometido el delito. En el caso de una base internacional, como la Estación Espacial Internacional (ISS), cada estado juzgaría a sus nacionales.

El destino del ser humano es expandirse. Y mientras desarrollemos la tecnología necesaria para desplazarnos, no cabe duda de que alguien intentará ir más allá motivado por un sin fin de razones, desde el deseo de aventura y nuevos conocimientos al de enriquecerse. Nada de eso falta en la carrera espacial.