Hace dos meses ocurrió algo muy infrecuente. El Congreso de los Diputados se puso de acuerdo para aprobar, sin ningún voto en contra, un proyecto de ley para reformar el sistema científico público español, lastrado por una burocracia asfixiante —que ralentiza las investigaciones y dificulta la compra de materiales básicos, incluso de sillas— y por la precariedad de los investigadores menores de 45 años. La llamada Ley de la Ciencia incluye medidas para reducir este penoso papeleo y una nueva modalidad de contrato indefinido, destinada a sustituir los actuales contratos temporales omnipresentes entre los más jóvenes. El inusual consenso político, sin embargo, saltó enseguida por los aires. Hace un mes, el Senado aprobó una polémica enmienda promovida por el Partido Popular para permitir los contratos temporales en determinados casos. Este jueves, el Congreso ha aprobado definitivamente la Ley de la Ciencia y ha tumbado esa controvertida enmienda.
